Por: Iván Andrés Verbel Montes, Estudiante Sincelejano de Economía de la Universidad del Norte, Barranquilla. @Sabanero_91
UNA VISIÓN SOBRE LA RELACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES Y LA POBREZA
Los instrumentos usuales del análisis económico, propios de la economía ortodoxa se han encargado de explicar el proceso de desarrollo económico a través de los procesos propios del mercado. Sin embargo, tales explicaciones son insuficientes ante la magnitud del fenómeno. Por ello ha surgido, por ejemplo, la corriente Neo-Institucionalista, como complemento de la economía neoclásica para explicar el desarrollo de las sociedades a través de las instituciones. Gran parte de la presente ponencia está basada en los planteamientos sugeridos por esta teoría, aunque también se recurre a los conceptos desarrollados por la corriente institucionalista original (EIO), fundamentada en los aportes de Thorstein Veblen. Si bien el debate sobre el papel de las instituciones en el Caribe Colombiano ha sido reducido a dos corrientes[1], la primera identificada con la EIO y cuyo exponente es el profesor Jairo Parada y la Neo-Institucional abordada por el Centro de Estudios Económicos Regionales (CEER) del Banco de la República en Cartagena (Baca, 2009), la discusión debe ampliarse y acoger a los diversos centros académicos de la región, con el objetivo de incluir en el debate las experiencias de cada territorio parte de nuestro Caribe. Con lo anterior no se quiere criticar la aparente “concentración” del debate institucional; es más, se les reconoce a estos actores su gran aporte a la discusión sobre las desigualdades regionales y el rezago de la Costa, a través de sus disertaciones. No obstante, la ponencia no tiene como fin profundizar en los aspectos metodológicos de ambas corrientes, por el contrario se les hace el reconocimiento por tocar tan importantísimo tema y además se toman sus argumentos más importantes para explicar la relación entre las instituciones y la pobreza que azota a nuestro departamento.
Sin duda alguna las instituciones cumplen un rol preponderante en las relaciones entabladas entre los individuos y la sociedad. De igual modo la cultura y las creencias tanto individuales y colectivas moldean la acción de la persona y de la comunidad. Es en este marco en que las instituciones se desenvuelven y cumplen su tarea como entes reguladores de la conducta de los agentes económicos. Douglass North define a las instituciones como las restricciones inventadas por el hombre que regulan la interacción política, económica y social y que además pueden ser formales e informales (North, 1991).
El Caribe y en especial el departamento de Sucre están plagados de instituciones, sobre todo de tipo informal, que gobiernan el accionar colectivo. La cultura y costumbres de las sabanas del viejo bolívar es un claro ejemplo. Este factor se convierte en un hábito de pensamiento, tal como Veblen define a las instituciones (Baca, 2009). Sin embargo, la modernidad ha traído a nuestras tierras muchas instituciones que han pasado a formar parte esencial de la sociedad sucreña y no se trata de especificar cuáles son, sino más bien en identificar su tipo. Por ejemplo el Estado es una de ellas, el mercado, la justicia, entre otras más.
Pero el análisis neoclásico del crecimiento se queda corto a la hora de explicar las desigualdades en el ingreso; el principio paretiano de eficiencia nada tiene que ver con la equidad. Esta óptica de análisis económico excluye la importancia de las instituciones como agentes reguladores y moldeadores de la conducta económica. Luego, la pobreza podría ser explicada por la debilidad de las instituciones para propagar los beneficios del desarrollo económico.
El departamento de Sucre tiene como carta de presentación (en cuanto a niveles de pobreza) un Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) total de 54,86%, 69,48% en las áreas rurales y 46,60% en las cabeceras (DANE, 2010). Nos encontramos muy por encima de los indicadores nacionales que marcan índices de 27,78%, 53,51% y 19,65% respectivamente. A nivel regional ocupamos los últimos lugares (Ver gráfico 1). Aunque esta medición a nivel regional ofrece una visión general de las disparidades regionales, es mucho más conveniente observar las desigualdades al interior del departamento. Naturalmente Sincelejo, por ser la capital del departamento presenta los menores niveles de NBI a nivel urbano, le siguen en su orden Corozal, Tolú, Toluviejo y Galeras. (Ver gráfico 2). Sin embargo, queda mucho por hacer en las áreas rurales, donde los NBI de los 26 municipios superan el 50%. La concentración espacial de la pobreza medida por NBI se localiza en la región de la Mojana, donde además de tener indicadores superiores al departamental, presentan índices Gini de concentración de la tierra superiores al departamental y cercanos al nacional (Aguilera, 2004)
Gráfico 1. Necesidades Básicas Insatisfechas
Fuente: DANE, Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI, por total, cabecera y resto, según departamento y nacional a Julio 30 de 2010.
Gráfico 2. NBI por municipios
Fuente: Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI, por total, cabecera y resto, según municipio y nacional a Julio 30 de 2010.
Tabla 1. Coeficiente de Gini (Tierra)
Coeficiente de Gini para la propiedad de la tierra[2]
| ||
Municipio
|
Gini
| |
Sucre
|
0,89
| |
San Marcos
|
0,89
| |
San Benito Abad
|
0,84
| |
Majagual
|
0,86
| |
Guaranda
|
0,84
| |
Caimito
|
0,89
| |
La Mojana
|
0,87
| |
2002
| ||
Sucre
|
0,77
| |
Colombia
|
0,85
| |
Fuente: Aguilera (2004), La Mojana: riqueza natural y potencial económico. Documentos de trabajo sobre economía regional N° 48 (p. 28). Centro de Estudios Económicos Regionales.
Teniendo en cuenta las anteriores cifras sobre necesidades básicas insatisfechas, es pertinente hacer la conexión entre las instituciones y la pobreza. Hubo de acotarse que las instituciones influyen el comportamiento de las personas, por lo que el desarrollo económico es un resultado de la interacción entre los individuos y las instituciones. “Las instituciones determinan los costos de transar y las posibilidades de que una transición pueda arrojar beneficios positivos” (Guerra, Navarro y Albis, 2007, p. 137), es decir, la conducta maximizadora de beneficios está condicionada al arreglo institucional. Ello de acuerdo con la teoría neo-institucional. La pregunta que sigue es, ¿son las instituciones garantes de las libertades económicas, políticas y sociales?, ¿es nuestro marco institucional lo suficientemente fuerte para propiciar condiciones de equidad y bienestar generalizado? Siguiendo el lineamiento de la NEI, las instituciones en el Caribe Colombiano no han sido eficientes y desde el punto de vista de Daron Acemoglu, las instituciones políticas y sociales no abrieron las oportunidades para todos (Guerra, et al, 2007). Desde la visión de Jairo Parada, los obstáculos institucionales “(…) no permiten una mayor modernización y un desarrollo del capitalismo” (Baca, 2009, p. 162). Estos obstáculos son los que impiden el proceso de ajuste institucional propuesto por Foster y por los que toda sociedad debe pasar[3]. Sin embargo, bajo el análisis hecho por el profesor Parada, Colombia no ha cumplido con dicho proceso.
¿Y por qué hablar de las instituciones? Bien, porque el capitalismo necesita de ellas para comportarse. Y si se supone que el crecimiento y el desarrollo económicos deben ser distribuidos entre las distintas capas de la población, el funcionamiento de las instituciones se ve obstaculizado por diversos intereses o tal vez, grupos de presión y/o interés bloquean el proceso de cambio institucional.
Quizá uno de los factores determinantes de las deficiencias institucionales en el departamento es el clientelismo. Para Dávila et al (citado en Guerra et al, 2007) el clientelismo se ha transformado, pasando de ser rural a uno “moderno surgido durante el Frente Nacional y el de “tercera generación” con posterioridad a este período” (Guerra et al, 2007, p. 142). Este sistema se basa en fuertes lazos de confianza entre el principal y el agente[4], siendo herencia del régimen semi-feudal que padeció la costa Caribe. Sin embargo, las generaciones presentes han presenciado el surgimiento de nuevas formas de clientelismo, entre ellas el armado que bien se ha amoldado a la dinámica del sistema (Guerra, et al, 2007). Parada señala, que en el país existen dos instituciones enquistadas en la administración pública que cercenan su funcionamiento: la ética patrimonialista y el clientelismo (Guerra et al, 2007). La primera consiste en el absoluto control de los territorios por parte de las élites económicas y políticas, instituyendo obstáculos a la participación de otros sectores ajenos a sus intereses individuales, de modo que el comportamiento asumido por estos grupos es típico de las estructuras monopólicas. Y segundo, el clientelismo tiene sus cimientos en el intercambio de favores; otra vez más el legado feudal en nuestra Costa.
Retomando los argumentos de la escuela Neo-Institucional, estos obstáculos referenciados anteriormente coartan la eficiencia de las instituciones, impidiendo el surgimiento de cualquier evento que involucre la pérdida de su poder político. El Estado se ha convertido en una empresa privada para los grupos de poder, suplantando el carácter de servicio a la comunidad. El ejemplo más notable en Sucre ha sido el despilfarro de las regalías en el Golfo de Morrosquillo[5].
Rodríguez (2010) en un trabajo estadístico aporta evidencia empírica para probar la relación entre los niveles de transparencia pública departamental y el desarrollo económico. En su artículo, corrobora que la transparencia en las instituciones está relacionada directamente con el nivel de necesidades básicas insatisfechas, la corrupción lo está en forma inversa (Rodríguez, 2010). Esta metodología de análisis bien puede ser utilizada para medir el impacto de la transparencia y la corrupción en los procesos de desarrollo económico. El informe de transparencia departamental y municipal del período 2008-2009[6] si bien ubica al departamento en un riesgo medio, es alarmante el hecho de que siete municipios hayan sido calificados con un riesgo alto y muy alto de corrupción. Estos municipios son en su orden, de menor a mayor riesgo: San Antonio de Palmito, Morroa, Los Palmitos, San Onofre, Colosó, Ovejas y Chalán (Transparencia por Colombia, s.f). De igual forma, sus índices de necesidades básicas insatisfechas totales son en su respectivo orden, 73,37%, 61,48%, 54,68%, 65,10%, 81,51%, 55,50% y 71, 03% (DANE, 2010). Vale la pena aclarar que entre el período en que se hizo el informe de transparencia (2008-2009) y los datos suministrados por el DANE existe un año de diferencia. Aunque para el caso de Ovejas, Los Palmitos y Morroa la correlación no es tan fuerte como en San Onofre, Chalán, Palmito y Colosó, es de preocuparse que aún en la primera década del siglo XXI, los índices de necesidades básicas insatisfechas superen el 50%.
Ya hemos observado que las instituciones en nuestro departamento han presentado falencias a la hora de desarrollar su papel como entes reguladores de la conducta económica, que a la hora de distribuir los beneficios del crecimiento y el desarrollo han distado de ser eficientes y que al igual que en la región Caribe, han surgido obstáculos para su fortalecimiento. El Estado en la región opera como una empresa privada, donde como cualquier establecimiento privado, sus dueños o administradores buscan rentas gracias a los incentivos perversos que la sociedad y que la debilidad de las instituciones les ofrecen. Ahora bien, es momento de que en nuestra sociedad, la sucreña, surjan los indicios del cambio institucional; que en la conciencia colectiva del sabanero, del monte mariano, del mojanero, del hombre de ciénaga y de mar, afloren los conceptos de transparencia, legalidad y solidaridad. La última característica es muy propia de nosotros, pero a la hora de la elección pública nos apartamos de ella. Es hora además, de que el desarrollo social de nuestro departamento se haga efectivo, en ello es clave la inversión en formación de capital humano, ciencia, tecnología e innovación (C, T e I); que el manejo de los presupuestos sea transparente y que las necesidades de los más desfavorecidos sean la prioridad de los gobiernos locales, porque como sabemos, el mecanismo de mercado los ha excluido y por tal razón se necesita de la presencia del Estado y las instituciones para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Sucre. Por último, el fortalecimiento de las instituciones seguramente conllevará a mayores grados de libertad económica y política, por lo que las esperanzas de las generaciones más recientes deberán centrarse en un mayor espacio de participación en los procesos de acción colectiva, en la toma de decisiones, sin ataduras de ningún tipo; con toda la ética del caso para no enterrar a este sagrado territorio que en algún tiempo fue morada de la gran cultura Zenú, la misma de los ingenieros hidráulicos, en los anales de la infamia.
BIBLIOGRAFÍA
Aguilera, María (2004) La Mojana: riqueza natural y potencial económico. Documentos de trabajo sobre economía regional N° 48 .Centro de Estudios Económicos Regionales.
Baca, William (2009). Las visiones sobre instituciones y desarrollo regional en el Caribe colombiano: un debate en marcha. [Versión electrónica] Revista de Economía del Caribe. N° 3, p.p 147-175.
DANE (2010) Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI, por total, cabecera y resto, según departamento y nacional a Julio 30 de 2010.
Guerra, Weildler, Navarro, José & Albis, Nadia (2007). Cultura instituciones y desarrollo en el Caribe colombiano. Elementos para un debate abierto. En Fernández, Manuel, Guerra Weildler y Meisel, Adolfo. Políticas para reducir las desigualdades regionales en Colombia (pp. 118-161). Cartagena: Colección de Economía Regional. Banco de la República.
North, Douglass (1991). Institutions. The Journal of Economic Perspectives vol 5. (N°1 Winter 1991), pp. 97-112. Recuperado el 10 de Abril del 2011 de la base de datos Jstor.
Rodríguez, Gustavo (2010). Calidad de las instituciones y su relación Con el desempeño económico: un análisis de la región Caribe Colombiana. [Versión electrónica] Revista de Economía del Caribe. N° 5 pp. 1-33.
Transparencia por Colombia. Informe de transparencia departamental y municipal 2008-2009. Recuperado el 10 de Abril del 2011 del sitio http://www.transparenciacolombia.org.co/LinkClick.aspx?fileticket=rfn5f1xCOIo%3d&tabid=103&language=es-ES.
[1] Para mayor claridad, se recomienda a Baca (2009) para entender la diferencia entre las dos visiones.
[2] El año de medición del coeficiente de Gini fue 1998. Para los departamentos y el país fue en el 2002.
[3] El proceso de cambio institucional de Foster debe cumplir tres condiciones:
1. Determinación tecnológica
2. Interdependencia reconocida
3. Principio de dislocar lo menos posible
[4] En la teoría de la acción colectiva es común ver estos términos.
[5] Para mayor información sobre el tema, es recomendable leer Riqueza y despilfarro, de Joaquín Viloria De La Hoz. Puede encontrarse en http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/pdf/DTSER28-Barranca-Tolu.pdf
[6] Para consultar el informe completo vaya a http://www.transparenciacolombia.org.co/LinkClick.aspx?fileticket=rfn5f1xCOIo%3d&tabid=103&language=es-ES
No hay comentarios:
Publicar un comentario